En contra del proyecto de nueva ley de régimen local

Desde eQuo mostramos nuestra absoluta disconformidad  con la regulación que se pretende por medio de la Ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local y a través del art. 135 express de la Constitución.

En primer lugar porque la ley no va acompañada de un auténtico plan económico o de un modelo de control para su aplicación; se aprueba, pues, una ley cuyo objetivo es racionalizar el gasto y no se la acompaña de un estudio económico de ahorro respecto al modelo actual: un verdadero sinsentido.

También nos oponemos a la eliminación de las entidades locales menores, como las juntas vecinales, porque se lleva a cabo de manera absolutamente antidemocrática, de forma unilateral y sin ningún  tipo de contacto con los implicados. La eliminación de las juntas vecinales conlleva la pérdida de derechos y libertades políticas de quienes desde hace muchos años administran, gestionan y deciden sobre sus intereses, y cercena la democracia directa y participativa que hasta ahora se venía ejerciendo.

En la ley, además, tampoco se tiene en cuenta el principio de descentralización de la gestión pública, ni las garantías constitucionales de las autonomías.

Así, por ejemplo, se establecen los servicios que deben prestar los municipios pero se hace de tal manera que unos son de imposible cumplimiento como el control de alimentos y bebidas o el tratamiento de residuos sólidos, mientras que se obvian otros que actualmente son absolutamente imprescindibles como el acceso a internet o la implantación de la administración electrónica que, por ejemplo, serviría para atenuar el actual abandono del mundo rural.

Las diputaciones provinciales son, además, uno de los ejes de la ley y nos preguntamos ¿qué más pueden hacer las diputaciones que no hagan ya con la actual ley? ¿pretenden dejar a los ayuntamientos sin competencia?. La disposición adicional V de la ley “Evaluación de servicios Municipales” prevé que en vez de recibir el Ayuntamiento ayudas de la Diputación para que los servicios municipales se mantengan, se entregarán estos servicios a las empresas privadas con las connotaciones y dudas que toda privatización de servicios suele conllevar.

Tampoco se reflejan en la ley las responsabilidades legales en que pueden incurrir los representantes políticos, proponiendo esta ley la implantación de controles previos y tutelas administrativas en los que, como ya sabemos, se diluyen las responsabilidades legales.

Sin embargo, la ley no contempla una reforma de lo que, desde nuestro punto de vista, es uno de los principales problemas de la administración local en España: la, en la práctica, obligación del ciudadano de optar por la vía contencioso-administrativa o penal para solucionar los conflictos con la administración. Así, se da el caso de que mientras hay alcaldes que vienen saltándose la ley de forma sistemática sin prácticamente ninguna consecuencia desde el punto de vista legal, cuando es el ciudadano el afectado debe recurrir a vías complejas y caras con resoluciones que lo dejan en muchos casos en completa indefensión.

En ese sentido, creemos que la apuesta debería ser por modelos de gestión y control municipal que no hicieran barato para alcaldes, concejales y técnicos saltarse la ley tan frecuentemente y, en la mayor parte de las ocasiones, de manera impune.

Entendemos que la ley es, en realidad, una excusa para permitir que continúen los excesos, la privatización de bienes y de servicios municipales, el uso de las entidades locales como instrumentos para el beneficio propio de alcaldes y partidos, la utilización de los ayuntamientos como empresas de colocación para el personal de confianza y de reparto de subvenciones de manera interesada en función de las necesidades de los cargos o de los grupos y no de las necesidades de los ciudadanos.

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