Se aprueba por unanimidad del pleno la moción de EQUO sobre el bono social eléctrico

Desde EQUO Verdes Puerto Real queremos mostrar nuestra satisfacción por la aprobación por UNANIMIDAD en el pleno del Ayuntamiento de fecha 4 enero 2018, de la moción presentada por nuestro grupo municipal en relación al bono social eléctrico aprobado por el gobierno de la nación el pasado mes de octubre de 2017.

María Merello, concejala de medio ambiente presentando la moción

Un bono social que no tiene en cuenta la situación de todas las familias vulnerables, en especial las monoparentales con menores a cargo o personas en situación de soledad, que tampoco tiene en cuenta métodos de calefacción en los hogares y energía para cocinar alimentos con otros combustibles que no sean la electricidad (gas, fuel, pellets), y que hace recaer en administraciones locales y autonómicas parte importante de la gestión del bono, administraciones ya saturadas en la atención a familias vulnerables, sin prever ninguna dotación económica para que puedan llevar a cabo con éxito las obligaciones que el Real Decreto les imputa.

Os dejamos aquí la moción completa aprobada, agradeciendo a todos los grupos políticos representados en el arco plenario su apoyo a la misma.

 

MOCIÓN SOBRE EL BONO SOCIAL ELECTRICO Y SU REPERCUSION DIRECTA EN LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES

Exposición de motivos

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha comunicado el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. Esta norma regulará las condiciones para obtener descuentos en la factura en función de determinadas circunstancias y establece las situaciones en la que el suministro será considerado esencial, lo que impedirá el corte del mismo.

Según este RD obtendrán descuentos del 25 % en su factura quienes estén en condición de “vulnerabilidad” y del 40% si se considera que hay “vulnerabilidad severa”. Esta se mide en función de la renta anual con relación al IPREM junto a otras circunstancias (familias numerosas o familias compuestas por pensionistas).

La única aportación del Ministerio consiste en que se evitará el corte de suministro a los hogares que acrediten la condición de vulnerabilidad severa y en riesgo de exclusión social, siempre y cuando los Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma o de los Ayuntamientos abonen la factura.

El impacto presupuestario de esta medida no prevé coste alguno para el Ministerio. Un primer cálculo de hogares potenciales realizado por la patronal eléctrica UNESA prevé que podrían beneficiarse de esta medida, por su condición de vulnerables, 2.800.000 familias (85% del total), y por ser vulnerables severos 310.000 familias y en situación de exclusión social 110.000 familias. Otros cálculos elevan los casos de “vulnerabilidad severa” a 900.000 familias en todo el Estado. Las eléctricas informarán a sus clientes que acudan a los Servicios Sociales y si estos abonan el 50% de la factura no se cortará el suministro, con lo que la presión que ahora tienen las eléctricas pasará a tenerla los Servicios Sociales que ya atienden a más de 8 millones de personas al año.

Algunas de las consecuencias de esta nueva regulación del Bono Social eléctrico serán claras para las Administraciones concernidas:

– Un importante impacto presupuestario en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, ni previsto ni pactado en el seno del órgano que debía haber conocido y abordado el asunto (Consejo Territorial de Servicios Sociales). Por otra parte no hay garantía de asunción por las Administraciones con Servicios Sociales, lo que generará graves desigualdades territoriales en el abordaje final del asunto.

– Los PGE de 2017 no han contemplado el impacto de la medida. El Estado financia de forma finalista los servicios sociales (inclusión) con unos 100 M € (Plan Concertado). Ayuntamientos y Comunidades Autónomas gastan en esta materia unos 3.500 M € sobre los que un potencial de gasto anual no previsto de 300 M € no es baladí.

– La condición de vulnerabilidad severa en riesgo de exclusión social (condición para la NO suspensión del corte de suministro) se establece por un año y corresponderá a los servicios sociales la “vigilancia” del cambio de circunstancias y su notificación. Ni es viable ni es oportuno y además, el mecanismo de gestión propuesto (pendiente de desarrollar) puede acabar siendo un auténtico circo en el que se vulneren, entre otros, derechos relacionados con la protección de datos.

– Es muy parcial en su protección (¿qué ocurre con el gas o el gasóleo? ¿no podemos cortar la luz pero sí el gas o el suministro de gasóleo para la calefacción?).

– Se discriminan positivamente algunas circunstancias (familias numerosas con independencia de sus ingresos) mientras que otras, mucho más castigadas actualmente, (monoparentalidad con menores incluidos o soledad) no son tenidas en cuenta.

– Se incrementará el consumo energético de estos hogares al máximo establecido.Si la calefacción es con fuentes no eléctricas (gas/gasóleo/pellets…) y se puede acceder al suministro eléctrico sin pagar se tenderá a la adquisición de calefactores o aparatos de aire acondicionado sin atender a la seguridad de las instalaciones y, menos aún, a la eficiencia energética

– Las comercializadoras de referencia y el Ministerio se convierten en agentes al margen y eluden su responsabilidad y la “culpa” de un corte de suministro se carga a un servicio público dependiente de otras Administraciones (autonómica o local).

Por todo ello el Grupo Municipal  EQUO Verdes Puerto Real presentan conjuntamente al Pleno para su aprobación, si procede, la siguiente MOCION:

1.      Instar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a la Derogación del Real Decreto 897/2017 y a la redacción de uno nuevo cuyos costes sean financiados por el Gobierno del Estado vía Presupuestos Generales y por las empresas eléctricas.

Argumento: (Se trata de que los 300 M € de costo de este proyecto no sean abonados por las Administraciones territoriales titulares de los Servicios Sociales.)

2.      Instar a este Ministerio a que se redefina con criterios profesionales y sociales la condición de vulnerabilidad de las familias incluyendo los relativos a exclusión social no contemplados, como las de monoparentalidad o soledad u otros.

3.      Se incluyan en el Bono Social otras fuentes de suministro energético que también son susceptibles de cortes para los hogares vulnerables, como el gasóleo, el gas envasado o canalizado o los pellets.

4.      Instar a que este Real Decreto sea discutido y consensuado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales con el fin de que este parta de una visión de cobertura social plena en lugar de una visión puramente mercantilista y empresarial que parece destinado a facilitar los beneficios empresariales de las empresas eléctricas.

5.      Enviar esta moción a la Federación de Municipios de Andalucía, a la FEMP y al propio Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

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