Diez años para que la Justicia dicte sentencia en el juicio por el caso de la perrera

Tras un decenio esperando justicia tras el cierre de las instalaciones de la empresa que gestionaba la perrera de Puerto Real, el juez ha dictado sentencia absolutoria y deja ahora en manos del Colegio de Veterinarios de Cádiz y de la delegación provincial de Sanidad, la decisión sobre si la conducta de los acusados respecto a las eutanasias practicadas diera lugar a algún tipo de sanción administrativa.

El cierre efectuado por el Seprona hace diez años, por supuesto maltrato animal, daba cuenta de las matanzas de animales sin cumplimiento del protocolo eutanásico, sometiendo a los animales a una muerte agónica, debido al uso de Mioflex, potente paralizante respiratorio, que lleva a la muerte del animal por asfixia.

El propietario de la perrera es un empresario que gestiona con varios ayuntamientos de la provincia la recogida de animales abandonados, por lo que respetando las decisiones judiciales, nos tememos que la sentencia pueda suponer la continuación de esta actividad de negocio, con prácticas de maltrato animal.

Cabe recordar que el mismo empresario ya contaminó las capas freáticas de agua, al enterrar en una urbanización de Puerto Real a los animales que recogía en su empresa, porque no tenía permisos para su incineración.

Hechos denunciados ya en 2002 por Ecologistas en Acción ante el Delegado del gobierno de la Junta de Andalucía y en posterior manifestación a las puertas de la perrera en mayo 2003.

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